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Cualquier organización que recibe ayuda financiera federal (ya sea directa o indirectamente) está obligada a cumplir con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 [1] (Título VI) y con la Ley de Control contra el Crimen y para Mantener las Calles Seguras (Ley para Mantener las Calles Seguras) de 1968 [2] Tanto el Título VI como la Ley para Mantener las Calles Seguras prohíben que las organizaciones que reciben financiamiento federal discriminen contra personas en base a su raza, su color u origen nacional.

La Corte Suprema ha definido como un tipo de discriminación en base al origen nacional aquella discriminación que se basa en la inhabilidad de la persona para hablar, leer, escribir o entender el inglés [3].

Las Regulaciones que establece el Título VI se refieren a aquellas políticas y prácticas que parecen neutrales pero tienen involuntariamente un efecto discriminatorio:

[A] las políticas o prácticas de la entidad beneficiaria referentes a la provisión de beneficios y servicios para personas con LEP no necesitan ser intencionales para ser discriminatorias, pero puede constituir una violación del Título VI si tienen un efecto adverso contra la habilidad que tienen minorías basadas en el origen nacional para acceder de modo significativo programas y servicios. [4]

La Orden Ejecutiva 13166, titulada “Mejorando el Acceso a los Servicios para Personas con Conocimiento Limitado del Inglés,” fue aprobada en el año 2000 y exige que las agencias federales y organizaciones beneficiarias de fondos federales implementen políticas y prácticas para el acceso significativo al idioma en cumplimiento del Título VI de la Ley de Derechos Civiles [5].

La mayoría de los programas contra la violencia doméstica y la agresión sexual en los EE.UU. reciben algún tipo de financiamiento federal, ya sea directamente o recibidos a través de los gobiernos estatales a modo de subsidios, contratos o subcontratos provenientes de diferentes fuentes, entre las que se encuentran: la Ley para la Prevención de la Violencia en la Familia (FVPSA, por sus siglas en inglés); la Ley de Apoyo a las Víctimas de Crímenes (VOCA, por sus siglas en inglés); el programa de subvenciones para los ‘Servicios, Capacitación, Oficiales de la Policías y Fiscales (STOP, por sus siglas en inglés) u otros programas de la Ley contra la Violencia a la Mujer (VAWA, por sus siglas en inglés). El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) también provee financiamiento federal para refugios.

En el presente este es un tema sumamente relevante ya que los obstáculos que impiden el acceso al idioma siguen teniendo un efecto de vida o muerte para algun@s sobrevivientes. En el año 2012, en el caso de Deisy García, numerosos reportes hechos a la policía en español no fueron traducidos y no fueron investigados hasta luego de la muerte de Daisy y sus hijas a manos de la persona que la abusaba.


[1] La Sección 601 del Título VI, 42 U.S.C. sec. 2000d declara que “Ninguna persona en los Estados Unidos debe, en base a su raza, color u origen nacional ser excluida de participar en, serle negados los beneficios de o estar sujeta a discriminación bajo ningún programa o actividad que esté recibiendo asistencia financiera federal.“

[2] La Ley de Control contra el Crimen y para Mantener las Calles Seguras de 1968, modificada, 42 U.S.C. sec. 3789d(c).

[3] Lau v. Nichols, 414 U.S. 563 (1974).

[4] En 2002, el Departamento de Justicia publicó concluyentes Orientaciones para Beneficiarios de Asistencia Financiera Federal sobre las Prohibiciones Establecidas por el Título VI contra la Discriminación en Base al Origen Nacional que Afectan a Personas con Conocimiento Limitado del Inglés. 67 Fed. Reg. 41,455 (Junio 18, 2002) (Orientaciones del DOJ).

[5] 65 Fed. Reg. 50, 121 (Agosto 16, 2000). Si una organización recibe de manera alguna financiamiento federal entonces todos los componentes de esa organización tienen la obligación de dar pasos razonables para garantizar que las personas con LEP tengan un acceso significativo a los beneficios y servicios.